Diversos expertos internacionales de tecnología, telecomunicaciones y derechos del consumidor alertaron que la ley de la velocidad mínima garantizada, que establece aumentar el estándar mínimo de velocidad de conexión a Internet de 40% a 70%, afectará a los más pobres y profundizará la brecha digital en el Perú.
Los especialistas concuerdan que, si bien la Ley 31207 busca mejorar la experiencia del usuario de internet, lo aprobado por el Poder Legislativo tendrá efectos adversos en la práctica ya que contrariamente a lo esperado perjudica severamente al usuario final y a la comunidad.
Ello se sustenta en que actualmente la tecnología Hybrid Fiber-Coaxial o HFC es la más usada por los peruanos para conectarse al internet sobre todo en zonas urbanas de alto tráfico y es la que más se viene expandiendo en las zonas rurales del país con la finalidad de ir reduciendo la brecha digital. Y es que esta tecnología se caracteriza por soportar el nivel de complejidad de la geografía en el país.
Sin embargo, esta tecnología técnicamente no permite un incremento de velocidades por lo que la norma sería inviable, razón por la cual esta regulación debería ser modificada de inmediato.
Al respecto, Carlos Huamán, CEO de DN Consultores, indicó que para que la normativa pueda ser cumplida se debería lograr simetría en las velocidades de carga y descarga, algo que solo puede alcanzarse con ciertas tecnologías y no con todos los servicios de banda ancha como HFC, por ejemplo.
“La fibra óptica es la tecnología más prometedora para esto; sin embargo, el porcentaje de peruanos que cuentan con este servicio es inferior a 10%. De hecho, el Perú es el mercado con menos penetración de fibra óptica en Sudamérica y, por la forma en la que las redes están diseñadas, es imposible que esta tecnología pueda ser usada para cumplir con la norma en el corto plazo”, sostuvo Huamán.
Otro de los factores que mencionaron durante el evento es que, en la práctica, la norma encarece el servicio de conexión a internet y no genera cambios reales y/o estructurales en laexperiencia del usuario final. Por lo contrario, solo logra frenar las diferentes iniciativas que se estaban diseñando para instalar el servicio de internet móvil en otras localidades del país que, a la fecha, ni siquiera cuentan con un servicio de telefonía móvil básico.
“La planificación de las normativas estatales deben tener en cuenta múltiples factores para favorecer e integrar a la población en general. Es necesario desarrollar líneas estratégicas para la expansión del servicio de telecomunicaciones, no solo a favor de los que ya cuentan con conectividad sino también de aquellos que no cuentan con un celular, teléfono fijo o incluso energía eléctrica. Leyes como esta solo generan una brecha aún más profunda”, resaltó Gloria Montoya, jefa de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo.
Por su parte, Manuel Cipriano, exmiembro del Consejo Directivo de OSIPTEL, afirmó que “es como comprar un automóvil que puede correr hasta 300 kilómetros por hora y que establezcamos por ley que este debe de recorrer en todas las carreteras y vías del Perú a no menos de 210 kilómetros por hora (70%), indistintamente si se trata de una carretera, una trocha carrozable, un camino de herradura o si nos encontramos en una vía en hora punta. Cómo queda claro con este ejemplo se trata de una iniciativa completamente inviable”.
Estas declaraciones se brindaron durante el evento internacional “Acortando la brecha digital en el Perú: retos y desafíos”, en el que se abordó la situación de la brecha de internet en el país y América Latina, realizado por la GSMA, asociación global que representa a los operadores móviles y a las organizaciones del ecosistema móvil e industrias adyacentes, junto a la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).
