Si bien el mercado laboral peruano fue uno de los más afectados en América Latina por las repercusiones que tuvo el COVID-19 sobre la actividad económica durante el 2020, también ha sido uno de los que más rápido se ha recuperado.
Sin embargo, muchos trabajadores han logrado retornar a la fuerza laboral solo a través de empleos más precarios y de menor calidad, los cuales no ofrecen acceso a redes de protección social o ingresos adecuados.
De esta manera, la pandemia ha acentuado debilidades estructurales del mercado de trabajo en el Perú – como la informalidad y el autoempleo –. Para retomar niveles anteriores de empleo e ingresos será necesario reactivar los motores sectoriales de crecimiento impulsados por la inversión privada.
CAÍDA Y RECUPERACIÓN DEL EMPLEO
Durante el segundo trimestre del 2020 –periodo en el que la producción nacional presentó una caída interanual de 30%– el empleo en el país se redujo 35% respecto al mismo periodo del año previo, lo cual representó una pérdida de casi 6 millones de puestos de trabajo a nivel nacional.
Esta contracción estuvo en su mayoría explicada por lo ocurrido en las zonas urbanas donde la población ocupada cayó 48%, en contraste con la caída de 6% en el área rural; no obstante, –como se detalla posteriormente– la calidad del empleo se deterioró sustancialmente en ambos ámbitos.
Al situar la caída del segundo trimestre del 2020 en un contexto internacional, los efectos de la pandemia sobre el mercado laboral fueron de mayor magnitud en el caso peruano. De acuerdo con información del BID y el INEI, durante dicho periodo en Perú se perdieron una mayor cantidad de empleos en comparación a otros países de América Latina como Brasil, Chile, Colombia y México. Este resultado se debe, en parte, a una mayor severidad en las restricciones de movilidad aplicadas por el gobierno peruano para evitar la propagación del coronavirus.
En dicho contexto, el número de personas que componen la población económicamente activa (PEA) –personas empleados y en busca de empleo- se redujo de manera significativa. Durante el segundo trimestre de 2020, la PEA se redujo en 32% en términos interanuales, lo que equivale a una salida de más de 5 millones de personas del mercado de trabajo. Pese a la reducción de la PEA, la tasa de desempleo –personas que se mantienen en la PEA pero que no consiguen empleose incrementó en cinco puntos porcentuales, al pasar de 4% en el segundo trimestre de 2019 a 9% en el mismo trimestre de 2020.
Con la posterior flexibilización de las cuarentenas y la apertura gradual de la economía, la pérdida de mano de obra y de puestos de trabajo fue parcialmente revirtiéndose a nivel nacional. Al primer trimestre del 2021, la PEA incluyó 200 mil personas menos que los registros previos a la pandemia, mientras que los niveles de empleo en el Perú –que ascienden a 16.2 millones de puestos de trabajo– se encontraban 6% por debajo.
Ello denota una recuperación incluso más rápida que la exhibida por otros países de la región como Chile y Brasil. Sin embargo, no todas las actividades económicas se recuperaron a la misma velocidad. Al primer trimestre de 2021, los sectores construcción, agropecuario y comercio presentaron niveles de empleo por encima de los registrados al año previo a la pandemia. En concreto, la cantidad de trabajadores en el sector construcción se incrementó en 20% respecto al mismo trimestre del 2019. Por su parte, el sector agropecuario, a diferencia de las demás actividades, exhibió un continuo incremento en el número de trabajadores desde el inicio del estado de emergencia. Así, durante los tres primeros meses del 2021, el empleo en el agro se situaba 12% por encima de los niveles registrados entre enero y marzo de 2019, lo que equivale a alrededor de 516 mil trabajadores adicionales
. En contraste, el número de trabajadores del sector servicios aún se sitúa 18% por debajo de la fuerza laboral mostrada en el primer trimestre del 2019. A ello le siguen los sectores minería y manufactura que muestran, respectivamente, una población ocupada 13% y 7% inferior a la alcanzada entre enero y marzo del 2019. En conjunto, estos tres sectores acumulan 1.4 millones de puestos de trabajo perdidos que aún no se han podido recuperar de la contracción sufrida por el mercado laboral durante el 2020.
MAYOR PRECARIEDAD LABORAL
A nivel agregado, la reinserción de los trabajadores a la fuerza laboral después del segundo trimestre del 2020 se ha dado en buena cuenta a través de ocupaciones de menor calidad: empleos con menores niveles de remuneración y en los que no utilizan todo el tiempo disponible que podrían destinar a actividades laborales. Los datos al primer trimestre de 2021 muestran que, en comparación a los niveles alcanzados en el mismo periodo tanto del 2020 y 2019, el número de trabajadores subempleados se ha incrementado en cerca de 1 millón de personas. Asimismo, en las zonas urbanas, hacia el primer trimestre del 2021, se observa un incremento en el porcentaje de trabajadores independientes de 33% a 36%, que es una categoría ocupacional caracterizada principalmente por exhibir mayores niveles de informalidad laboral y menores remuneraciones.
Según datos al 2020, la tasa de informalidad de los trabajadores independientes en el área urbana fue de 87%, proporción más de 50 puntos porcentuales (p.p.) por encima del nivel de informalidad registrado en la categoría ocupacional de trabajadores empleados (34%). Asimismo, los trabajadores independientes, en promedio, generan ingresos laborales que representan apenas el 30% de las remuneraciones de los trabajadores bajo la categoría de empleados (S/ 2,553, en promedio).
Por su parte, la dinámica en el área rural ha mostrado una mayor concentración de puestos de trabajo en la categoría ocupacional de trabajadores familiares no remunerados. De acuerdo con cifras del INEI, en el último año móvil que finaliza en el primer trimestre del 2021, se crearon 229 mil empleos adicionales en este grupo de trabajadores con respecto a los niveles previos a la pandemia, y pasaron a representar un tercio de la población ocupada en las zonas rurales (32%). Asimismo, en sectores donde el empleo se ha recuperado más rápido, se ha registrado en paralelo un aumento de los niveles de informalidad, lo cual evidencia una menor calidad de los puestos de trabajo generados. En el primer trimestre de 2021, los empleos informales en el sector agropecuario se incrementaron en más de medio millón (14%) respecto al mismo periodo de 2020; en contraste con la reducción de 5% del empleo formal en el sector. En el sector construcción, por su parte, el número de puestos de trabajo informales registraron un crecimiento de 43%, lo que equivale a casi 290 mil nuevos trabajadores ocupados de manera informal en dicho rubro, mientras que el empleo formal se redujo en 7%.
EFECTOS SOBRE LA POBREZA
El deterioro en la calidad de los empleos generados en el mercado laboral a raíz de la pandemia trajo consigo repercusiones negativas sobre las condiciones de vida de los hogares durante el 2020. Al encontrarse ahora en ocupaciones en las que ganan menores salarios y en las que emplean una cantidad de horas inferior a la que efectivamente podrían trabajar, la dinámica de los ingresos y gastos de las familias a nivel nacional se ha visto afectada de tal manera que ha llevado a muchas de ellas a una situación de pobreza y mayor vulnerabilidad económica. Evidencia en esta dirección puede ser encontrada al analizar los cambios registrados en el 2020 a nivel subnacional frente a los resultados alcanzados antes del inicio de la pandemia. En efecto, los datos de la ENAHO revelan que aquellas regiones en donde se redujo más el porcentaje de la población adecuadamente empleada – en promedio –, la pobreza monetaria se incrementó en mayor magnitud – y viceversa.
Este es el caso por ejemplo de Lima Metropolitana, Pasco y Cusco, regiones en las que las tasas de empleo adecuado mostraron en promedio una caída de cerca de 22 p.p., y exhibieron a su vez un aumento de poco más de 12 p.p. en el porcentaje de la población en situación de pobreza. Por el contrario, en otras regiones como Cajamarca, Ica y Amazonas, la proporción de personas adecuadamente empleadas cayó 11 p.p., lo cual estuvo asociado con un incremento de la pobreza de 5 p.p., avance inferior al aumento registrado en promedio a nivel nacional durante el 2020. Los efectos del mercado laboral sobre las condiciones de vida de los hogares se habrían canalizado a través de una significativa contracción de los ingresos provenientes del trabajo. En Pasco y Cusco los salarios reales – expresados en soles del 2020 –, cayeron en 31% y 24% respectivamente frente al promedio del 2019.
Esta pérdida de ingresos laborales representó un retroceso de casi 14 años en los niveles de remuneraciones que obtiene la población ocupada en estas regiones. Un caso similar fue el de Lima Metropolitana, donde los salarios reales promedio de la fuerza laboral descendieron a registros no observados desde el 2006.En esta región, los menores niveles de empleo y las pérdidas en las remuneraciones se tradujeron en una contracción de 32.6% de la masa salarial en términos reales respecto al 2019, siendo esta la mayor caída a nivel nacional durante el 2020. Otra lectura que revela las consecuencias del menor dinamismo del mercado laboral sobre la calidad de vida de los hogares se obtiene al descomponer los cambios en los niveles de pobreza entre el 2019 y 2020 según las fuentes de ingresos de las familias. En efecto, de acuerdo con estimaciones del IPE, se encuentra que, de no haberse implementado los bonos y transferencias destinados a compensar las pérdidas de empleo a raíz de la pandemia, los menores ingresos laborales habrían contribuido a elevar en más de 13 p.p. el porcentaje de la población en situación de pobreza durante el 2020. A corto y a largo plazo, queda claro que solo a través del aumento sostenido de los ingresos laborales – reflejo de la productividad de los trabajadores – se podrá seguir sacando a las familias de la pobreza
RESPUESTAS DE POLÍTICA
Para hacer frente a la problemática que representan para el país tanto la mayor precariedad del mercado laboral como el aumento en los niveles de pobreza, el gobierno ha venido desplegando desde el inicio de la pandemia una serie de programas e iniciativas con enfoques de corto, mediano y largo plazo. De acuerdo con información del BID, a la fecha en el Perú se han implementado cerca de 21 programas de apoyo al empleo, lo que lo coloca como uno de los países en América Latina que ha venido ejecutando un mayor número de instrumentos para contrarrestar los efectos de la pandemia sobre el mercado laboral.
Este tipo de programas han comprendido desde contribuciones a la seguridad social –como el pago de EsSalud a los trabajadores en suspensión perfecta–, ayuda financiera a las empresas –entre los que destaca la creación del programa de garantías Reactiva Perú–, subsidios a los salarios –aplicados para puestos de trabajo de quinta categoría en el sector privado–, hasta el aumento en el alcance territorial de esquemas de empleo temporal. Sobre este último, por ejemplo, entre el 2019 y 2020 se incrementaron el número de puestos de trabajo temporales generados por Trabaja Perú en coordinación con los gobiernos locales de 27 mil a 226 mil empleos, cuyos beneficiarios representaron aproximadamente al 23% de la población desocupada a nivel nacional.
Los programas de empleo temporal, sin embargo, no abordan los verdaderos retos que enfrenta el mercado laboral peruano. Al respecto, para afrontar los problemas que vienen afectando al mercado laboral con un horizonte de mediano y largo plazo, recientemente el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ha publicado la Política Nacional de Empleo Decente. Este instrumento plantea 6 objetivos prioritarios con los que se apunta a solucionar el elevado déficit de empleo decente en el país: i) incrementar las competencias laborales de la población en edad de trabajar, ii) fortalecer la vinculación entre la oferta y demanda laboral, iii) incrementar la generación de empleo formal en las unidades productivas, iv) ampliar el acceso a la protección social, derechos y beneficios sociales de las y los trabajadores, v) fomentar la igualdad en el empleo, y vi) fomentar un entorno social e institucional adecuado en el país. Si bien este esfuerzo apunta en la dirección correcta, es necesario que su implementación considere aspectos estructurales que vienen distorsionando el entorno para la generación de empleos formales incluso desde antes de la pandemia. Entre estos se encuentran la elevada complejidad normativa – el actual compendio sobre la legislación laboral peruana contiene más de 1,800 páginas que deben ser revisadas por las empresas para la contratación formal de nuevos trabajadores –, la multiplicidad de regímenes tributarios que desincentiva el crecimiento del tejido empresarial, y también los altos costos de cotización a los programas de seguridad social que son en muchos casos inasequibles para los trabajadores de menores niveles de ingresos. Principalmente, la generación de empleo de calidad pasa por impulsar la inversión privada en el país –que representa el 80% del total de la inversión nacional–, lo cual es condición indispensable para la creación de puestos de trabajo con salarios adecuados y buenas condiciones laborales.
