El pedido de delegación de facultades que solicitará el MEF es bastante amplio, poco específico y podría afectar la competitividad y crecimiento del país, según análisis del Instituto Peruano de Economía
El Ministerio de Economía y Finanzas presentó al Congreso un proyecto de ley (PL) para delegar facultades extraordinarias al Ejecutivo durante 120 días a fin de legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica. Los cambios propuestos se enfocan en aumentar la presión tributaria a quienes ya pagan impuestos en vez de ampliar la base tributaria.
En el contexto de reactivación económica en el que nos encontramos, esto sería inoportuno. Además, el PL no presenta evidencia sobre qué se hará con lo que se pretende recaudar, y señala que se rendirán cuentas en 2023.
Pedido atípico
El pedido de delegación de facultades resulta atípico, ya que comprende aproximadamente 50 cambios potenciales, por lo que resulta el más extenso en materia económica desde inicios de los noventa. Además, casi dos tercios de los cambios propuestos se concentran en el ámbito fiscal y tributario, de los cuales una buena parte están relacionadas a la mayor presión tributaria, a través de tasas más altas, nuevos impuestos, tramos adicionales o ampliación de conceptos.
Sin embargo, durante la última década, la única modificación de tasas y creación de impuestos vía delegación de facultades se dio en 2011 durante la administración Humala con los cambios a la tributación minera.
En general, para el incremento de tasas de impuestos, al ser un tema tan complejo, el Ejecutivo debe elaborar un PL en el que detalle y fundamente los cambios, explique los costos y beneficios potenciales, y envíe al Congreso para someterlo a discusión.
La vieja confiable
La recaudación fiscal en el Perú, medida como porcentaje del PBI, ha sido baja en comparación con la mayoría de los países de la región. Siendo los principales motivos la informalidad y la baja productividad.
Según datos del MEF, el incumplimiento del pago del Impuesto a la Renta (IR) es casi 50% y el del Impuesto General a las Ventas (IGV) es de 38%. Esto representa una pérdida anual de casi la mitad de los ingresos totales recaudados por el Estado Peruano.
En este sentido, el aumento de la presión tributaria sobre quienes ya pagan impuestos, no atacaría el problema de fondo, sino que podría afectar la competitividad del país. Considerando que las tasas impositivas ya son relativamente altas en diversos sectores.
Momento inoportuno
Aumentar los impuestos se plantea en un contexto de recuperación económica incompleta que resulta aún insuficiente para recuperar el nivel de empleos de calidad previo a la pandemia. Además, pese al rebote del PBI en el primer semestre del 2021, este se encuentra más de 5% por debajo del nivel sugerido por la tasa de crecimiento registrada antes del 2020.
En este sentido, los sectores que fueron afectados significativamente por la pandemia, como aquellos vinculados al turismo o la prestación de servicios empresariales, se encuentran aún lejos de recuperar los niveles de producción y de contratación de personal registrados en el 2019.
Es así que el alza de tasas impositivas agregaría frenos adicionales en las perspectivas de crecimiento para la economía peruana a través de la reducción en la capacidad del gasto de consumo y el mayor deterioro de las expectativas del sector privado para invertir.
¿A dónde irían los recursos recaudados?
Los tres niveles de gobierno presentan bajos niveles de ejecución del presupuesto público. Entre 2010 y 2020, solo se ejecutó el 69% del presupuesto para inversión pública. Esto significa que se dejaron de utilizar 13 mil millones de soles al año.
Durante los últimos 9 años, el monto ejecutado en inversión pública se ha mantenido estable alrededor de los 30 mil millones anuales, a pesar del incremento progresivo del presupuesto anual para inversión. Según la Contraloría General de la República, además de los problemas de ejecución, incluso cuando el dinero se gasta, esto no asegura que las obras se concluyan.
Gasto inflexible
Frente a los problemas para ejecutar mayores recursos para inversión pública, existe la posibilidad de que las nuevas fuentes de ingreso se utilicen para financiar un mayor gasto corriente. Es decir, para la entrega de nuevos bonos, subsidios, incremento de la planilla pública, entre otros.
El análisis de las políticas implementadas por el gobierno boliviano durante las últimas décadas da cuenta de los riesgos que supondría el incremento del gasto corriente cuando parte de este se financia con ingresos procedentes de una mayor carga impositiva sobre el valor de la producción extractiva, sujeta al ciclo de precios internacionales.
Lo positivo
Entre las iniciativas propuestas que resultan positivas destacan aquellas orientadas a la simplificación tributaria, ya que esto tendría un efecto positivo sobre la economía, fomentando la formalización e incrementando la recaudación. Estas son: la simplificación tributaria para las MYPE, la promoción de la inversión pública y privada, la facilitación y fomento del cumplimiento tributario y la agilización de la resolución de controversias tributarias, regulación y fiscalización del sistema financiero.
Conclusiones y recomendaciones
El pedido de delegación de facultades que solicitará el MEF resulta bastante amplio y poco específico, incluso comparado con los primeros pedidos de administraciones previas. Buena parte de dicho pedido se enfoca en medidas tributarias y fiscales. Sin embargo, sobre ellas no se encuentra mayor detalle de qué y cómo se ejecutarán los cambios deseados para alcanzar los objetivos planteados.
A pesar de todo, en el paquete de medidas destacan algunas propuestas positivas y oportunas que podrían impulsar la recaudación y el crecimiento económico. Estas bien podrían ser sometidas vía proyecto de ley a un análisis por parte del Congreso, o este último podría delegar facultades al Ejecutivo circunscritas específicamente a estos campos.
