En el sector minero, en lo que va del presente año, se ha viabilizado US$ 600 millones de inversión, y anunciado más de US$ 10 500 millones en nuevas inversiones que dinamizarán la economía en los próximos años.
Desde enero a la fecha, el Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión (EESI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en articulación con las entidades gubernamentales competentes, impulsó que se lleve a cabo la evaluación de diferentes permisos necesarios para el desarrollo de proyectos mineros. Se trata de proyectos cuyos procedimientos administrativos estuvieron en evaluación desde años atrás y han concluido con las aprobaciones técnico-legales respectivas, destrabándose su avance.
Este es el caso del proyecto minero Zafranal (con una inversión total de US$ 1 473 millones), que obtuvo la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) y la confirmación de sus derechos superficiales, lo que permitirá el inicio de su etapa constructiva. Otro proyecto viabilizado fue Toromocho Fase II (con una inversión total de US$ 169 millones), que consiguió la aprobación de la Modificación de Concesión de Beneficio para la construcción de la Fase II, lo cual permitirá expandir la producción de 141 mil toneladas de cobre a 170 mil toneladas.
También el proyecto minero Optimización Inmaculada (con una inversión total de US$ 1 319 millones) recibió la aprobación del EIA-d, lo que permitirá ampliar la vida útil de la Mina Inmaculada por 20 años y generar 750 nuevos empleos.
Adicionalmente, se impulsó la aprobación de instrumentos de gestión ambiental y autorizaciones de proyectos mineros, tales como “Profundización Retamas”, “Yumpag”, “Unidad Minera Pucamarca”, “Unidad Minera Las Bambas”, “Unidad Minera Yanacocha”, entre otros, que permitirán realizar mayores inversiones, principalmente en sostenimiento.
El relanzamiento de la nueva estrategia del EESI y el esfuerzo articulado de las entidades competentes ha permitido viabilizar los proyectos mineros mencionados y retomar la confianza de grandes empresas, garantizando un adecuado clima de inversión sujeto a la legalidad, predictibilidad y seguridad jurídica. En efecto, empresas del sector han anunciado nuevas inversiones o ratificado expectativas por más de US$ 10 500 millones. Es el caso de La Granja (US$ 5 000 millones), Extensión Antamina (US$ 2 000 millones), Integración Coroccohuayco (US$ 1 500 millones), Zafranal (US$ 1 473 millones), Falchani (US$ 587 millones), entre otros.
Inversiones en transporte y electricidad
Además del sector minero, el trabajo conjunto del EESI y las entidades competentes ha contribuido, en el primer semestre de 2023, a acelerar la ejecución de inversiones de proyectos de infraestructura del Listado Priorizado de Proyectos (LPP[1]) por un monto de US$ 740 millones, lo que representa un crecimiento del 91% respecto al primer semestre de 2022 (US$ 387 millones). De esta manera, se efectuó las siguientes acciones:
Sector transporte:
- Aprobación de autorizaciones municipales (interferencias de vía, autorizaciones de ejecución de obra) y de estudios de ingeniería para la ejecución de varios frentes de obra de la ”Línea 2 del Metro de Lima y Callao”.
- Firma de Adenda para la ejecución de la tercera etapa del “Puerto Paita”, así como la aprobación de autorizaciones y estudios para continuar con la construcción del “Terminal Portuario Chancay” y la “Ampliación del Muelle Sur”.
- Aprobación de instrumentos de gestión ambiental de los proyectos “Red vial 4” y “Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez”.
Sector eléctrico:
- Aprobación de autorizaciones de desbosque que permitirá la continuidad de los proyectos “Enlace 220 kV Pariñas - Nueva Tumbes”, “Enlace 220 kV Tingo María – Aguaytía” y “Enlace 500 kV La Nin?a – Piura, Miguel Grau”.
- Otorgamiento de la concesión definitiva del proyecto “Enlace 500 kV Mantaro-Nueva Yanango-Carapongo” que permite la puesta de operación comercial.
Desde el EESI se continúa impulsando el desarrollo de proyectos de inversión en los diferentes sectores de la economía, reportando y escalando alertas para la oportuna toma de decisiones y reducción de desfases entre la programación y ejecución de inversiones. Para ello, se realiza un seguimiento y acompañamiento permanente e intensivo orientado a resultados, articulando espacios uno a uno con actores de los sectores público y privado que intervienen en los proyectos de inversión. De esta manera, se identifican trabas y se diseña, de manera coordinada, soluciones integradoras del destrabe y la ruta crítica para su implementación.
